06 diciembre 2011

CELEBRACIÓN DEL HOMENAJE A CONCHITA CONTEL BAREA POR SU JUBILACIÓN

Junta Directiva

La Junta Directiva de la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), en su reunión celebrada el 29 de noviembre de 2011, ha acordado celebrar un acto público de homenaje a nuestra compañera Conchita Contel Barea con motivo de su jubilación. El acto tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre, miércoles, a las 19:00 h. Os convocamos a celebrar con nosotros la culminación de su dilatada trayectoria profesional en un acto cuyos detalles figuran en el tríptico que adjuntamos.

Finalizado el acto, aquellos que lo deseen nos pueden acompañar a una cena, cuyo lugar de celebración se confirmará el 12 de diciembre. El importe de la cena es de 45 €, y el del regalo 15 €, cuyo ingreso podrá realizarse en la cuenta corriente bancaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), poniendo en el concepto el nombre y apellidos de quien quiere asistir, antes del día 12 de diciembre:
  • ENTIDAD BANCARIA: Caja Madrid (BANKIA).
  • DIRECCIÓN POSTAL DE LA OFICINA BANCARIA: Paseo de la Alameda, 28. 28804 - Alcalá de Henares (Madrid).
  • Nº DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA: 2038 2281 02 6000545010
Para aquellos que no puedan acompañarnos y deseen enviar su felicitación a la homenajeada, pueden adherirse a la Tabula Gratulatoria enviando un mensaje a  aefp@aefp.org.es

Rosana de Andrés Díaz
Presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)


28 septiembre 2011

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ¿CADA VEZ MÁS CERCA?

Madrid, 28 de septiembre de 2011.

Hoy Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso organizan un coloquio para celebrar el Día Internacional del Derecho a Saber con la presencia de cuatro representantes de partidos políticos que presentarán y debatirán sobre las propuestas de transparencia para la próxima legislatura.

Los dos partidos políticos mayoritarios, el PSOE y el PP han redactado propuestas de leyes de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, ninguna de las propuestas cumple con los 10 principios creados por la plataforma de la sociedad civil, la Coalición Pro Acceso.

Quedando sólo dos meses para las elecciones, Access Info y otros miembros de la Coalición Pro Acceso piden a todos los partidos políticos que se comprometan a adoptar una ley de acceso a la información en el caso de que ganen las elecciones. Dicha ley fue prometida por primera vez a la sociedad española en el programa electoral del PSOE de 2004; sin embargo, 7 años más tarde, España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin esta ley.

“Ambos partidos prometen más transparencia pero de momento sus propuestas de ley siguen siendo insuficientes para conseguir la transparencia necesaria” comenta Victoria Anderica. “El reconocimiento del principio de publicidad de toda la información pública debe ser explícito y la creación de un órgano independiente garante del derecho de acceso a la información es esencial para una buena implementación del derecho y ambas propuestas de ley deberían reflejarlo”.

La Coalición Pro Acceso pide a todos los partidos políticos que apoyen los 10 principios y los incluyan en sus propuestas. Para ver los principios pincha aquí.

El coloquio está abierto a los medios y al público. Los detalles del evento se encuentran a continuación:

Ponentes:
  • Arturo García Tizón, PP.
  • David Ortega, UPyD.
  • Armando Recio, IU.
  • Por confirmar, PSOE.
Lugar y hora de celebración:
18,00 h en la Sala de Profesores, 3ª planta (Decanato)
Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid

Para más información contactar con:
Victoria Anderica Caffarena
Legal Researcher and Campaigner
Access Info Europe
(+34) 91 366 53 44
(+34) 606 592 976

(Fuente: Access Info Europe)

27 septiembre 2011

CELEBRACIÓN DEL 9º DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) y el resto de miembros de la Coalición Pro Acceso celebran, mañana 28 de septiembre, el 9º Día Internacional del Derecho a Saber

Junta Directiva
Mañana, 28 de septiembre, se celebra el 9º Día Internacional del Derecho a Saber. Con tal motivo la Coalición Pro Acceso organiza a las 18,00 horas en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el siguiente evento:


Ponentes:

  • Arturo García Tizón, PP.
  • David Ortega, UPyD.
  • Armando Recio, IU.
  • Lucila Corral o Juan Antonio Barrio, PSOE.
Os animamos a difudir en vuestros sitios web y blogs los siguientes materiales elaborados por la Red Internacional de Defensores de la Libertad de Información (FOIAnet):


30 julio 2011

EL GOBIERNO PUBLICA EL ANTEPROTECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Madrid, 29 de julio de 2011.

El mismo día que anuncia el adelanto de las elecciones, el Ministerio de la Presidencia envía a Access Info Europe el anteproyecto de la futura Ley de Transparencia, cumpliendo por fin con una promesa electoral que data de 2004.

Oficialmente enviado a la sociedad civil por el Ministro de la Presidencia Ramón Jauregui la tarde del viernes 29 de julio, el gobierno presenta un texto de ley que aporta mejoras sustanciales al texto que conocíamos.
Desgraciadamente, no existe la posibilidad de que este texto se apruebe durante esta legislatura, pero el documento presentado hoy sube el listón de la transparencia para la campaña de las próximas elecciones del 20 de noviembre.

La Ley de Transparencia ha sido demandada desde 2006 por la Coalición Pro Acceso, formada por 54 organizaciones de la sociedad civil, y es una de las exigencias prioritarias del movimiento 15M.

El PP presentó en el Congreso el pasado 29 de junio de 2011 su propia propuesta de ley que mejoraba ligeramente el anterior borrador del PSOE, filtrado a Access Info Europe en septiembre de 2010, pero que seguía siendo insuficiente para cumplir con los estándares internacionales mínimos en materia de acceso a la información.

Respondiendo a las críticas de la sociedad civil española y de expertos internacionales, el nuevo anteproyecto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, cuenta con muchos puntos positivos: reconoce la titularidad del derecho a todas las personas, y obliga a todos los poderes del estado, a todos los niveles regionales y a las entidades privadas que ejercen una potestad administrativa.

Entre los defectos hay que destacar que sigue excluyendo un gran volumen de información que debería ser por pública por ser de utilidad general, entre otra información se excluye la información de apoyo (informes, notas, opiniones…), gran parte de los archivos, los registros públicos, y las estadísticas.

“Aunque sigue necesitando algunas mejoras, este es el primer borrador de ley de acceso a la información que presenta una calidad suficiente para avanzar cuantiosamente por la transparencia en España”, comentaba Victoria Anderica, Access Info Europe.

Entre los fallos también hay que destacar, que no reconoce explícitamente el carácter fundamental del derecho de acceso la información como se hace a nivel internacional, y que no contempla la creación de un órgano garante independiente, ya que este estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia.

(Fuente: Access Info Europe)

30 junio 2011

SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS COMISIONES CALIFICADORAS DE DOCUMENTOS EN EL ESTADO

La Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) desea poner de manifiesto su total coincidencia con lo manifestado en este breve artículo de Enrique Borruel López, archivero del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, acerca de la supresión de buena parte de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos de los Departamentos ministeriales.

Zaragoza, 28 de junio de 2011.

Enrique Borruel López
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

El mayor reto archivístico, todavía no resuelto, al que los archiveros de cualquier administración se enfrentan cada día es, sin duda, el de la selección y, en su caso, conservación únicamente de la documentación que merece ser conservada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en las normas autonómicas en la materia. Documentación que ya desde su generación forma parte del Patrimonio Documental de la Nación.

A nadie se le oculta que el funcionamiento actual de la Administración General del Estado genera cantidades ingentes de documentos, en distintos soportes, que pueden y deben ser eliminados de acuerdo con dicha legislación tras los consiguientes procesos de valoración y selección propios de la metodología archivística y que se han implantado en el día a día de las administraciones. Procesos que no son sino otro procedimiento administrativo más.

¿Por qué un reto? Primero, porque esa tarea exige de los profesionales de los archivos un profundo conocimiento del funcionamiento integrado de la administración en la que desarrollamos nuestro trabajo. Y segundo porque ayuda a ahorrar dinero al Estado.

¿Dónde se produce el ahorro? En primer lugar, la selección y eliminación de documentos evita un gasto innecesario en las arcas públicas, que se verían obligadas a desembolsar grandes cantidades de euros para conservar documentos que no merecen ser conservados: gastos de transporte de las sucesivas transferencias de la documentación, ampliación de los edificios de archivos intermedios carísimo mantenimiento de los mismos, gastos de personal, de seguridad y otros que ocasiona la conservación de los documentos. Resulta gratificante para cualquier archivero del Estado pensar que con nuestro trabajo y asesoramiento estamos ayudando a que no se malgaste inútilmente el dinero de los contribuyentes.

La organización de nuestro sistema archivístico actual, mejor o peor determinado por las normas citadas, tiene por único objetivo mejorar la eficacia administrativa, la satisfacción efectiva del derecho constitucional de acceso a la documentación administrativa y del acceso a la cultura por parte de los ciudadanos y conservación de nuestro Patrimonio Documental. Por lo que se refiere a la Administración General del Estado, la Ley 16/1985 creó la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para estudiar y dictaminar sobre las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos, sobre la inutilidad administrativa de los mismos, sobre su régimen de acceso y sobre su integración en los archivos. Asimismo animaba a que otros organismos públicos llegaran a constituir sendas Comisiones Calificadoras de Documentos, lo que hasta la fecha había venido sucediendo ya que sucesivas disposiciones (especialmente el Real Decreto 1164/2002) facilitaron la creación de estos órganos colegiados en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Educación, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad, Política Social e Igualdad, Ciencia e Innovación. Cada organismo, a través de su comisión, valoraba sus propias series documentales y dirigía su propuesta a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuyo dictamen era finalmente objeto de resolución por parte del titular del Ministerio de Cultura.

Aunque faltaban por crearse comisiones en no pocos Organismos Públicos, parecía que el procedimiento se estuviera implantando de una vez por todas en la Administración General del Estado.

Dicho todo esto causa asombro y estupefacción la publicación del reciente Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, (BOE 4 de junio de 2011) por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismo Públicos.

Si bien no se pone en duda la conveniencia de la supresión de varios órganos colegiados en algunos Ministerios, no parece en manera alguna que fuese conveniente la supresión de las Comisiones Calificadoras de Documentos Administrativos, dado que todas ellas se atendían con los medios personales y materiales de cada Departamento y su creación y funcionamiento nunca supuso incremento de gasto público alguno. El esfuerzo de austeridad que parece justificar la promulgación del mencionado Real Decreto en este caso se evidencia no ya baldío sino contraproducente. Sobre todo porque, permaneciendo la necesidad de seleccionar la documentación, dudamos mucho de que se haya previsto alguna alternativa razonable. Más bien va a propiciarse un futuro de desorganización y por lo tanto de despilfarro. El Sistema Archivístico Estatal da un gran paso atrás ante la falta de actuación de nuestro Ministerio de Cultura que lejos de defender sus competencias en relación con el Patrimonio Documental Español se muestra en retirada ya no sólo ante las otras Administraciones sino también ante el resto de los órganos de la Administración General del Estado.

Momento triste para el Sistema Archivístico Estatal que ve cómo se paraliza su ya siempre demasiado lenta implantación.

06 mayo 2011

CELEBRACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN 2011-001 CUR "HABLAMOS DE ARCHIVOS CON... EVA MERINO FLECHA"

Bajo el título "Normalización de modelos de gestión en archivos públicos (código: 2011001CUR)", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza este curso de formación que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2011 en el Café del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Junta Directiva
Uno de los objetivos que se ha propuesto la actual Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función Pública para el período 2009 – 2012 es el desarrollo, bajo un formato más distendido, de pequeñas jornadas de carácter técnico donde los diferentes profesionales de los archivos públicos y cualesquier otras personas interesadas puedan intercambiar experiencias o resolver dudas sobre cualquier aspecto que pueda atañer a nuestra profesión.

Por todo ello, hemos creído conveniente poner en marcha esta nueva modalidad de cursos, con un carácter eminentemente práctico y distendido, al modo de una charla o tertulia de carácter más informal, en la que a partir de las experiencias mostradas por la persona invitada se pueda desarrollar un debate, un intercambio de opiniones y de “saber hacer” entre el público asistente y el invitado que presentamos.

En esta primera edición de Hablamos de Archivos con…, contaremos con Eva Merino Flecha, Directora del Archivo Histórico Provincial de León, para tratar un tema muy en boga en el ámbito de los archivos públicos, pero a la vez un gran desconocido para muchos profesionales, como es el de la utilización de modelos normalizados para la gestión de archivos basados en sistemas de mejora.

Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de este curso, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en el mismo.

22 marzo 2011

VERSIÓN DEFINITIVA DE LA NORMA GALLEGA DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (NOGADA) EN NUESTRO SITIO WEB

Junta Directiva
Gracias a la Subdirección Xeral de Arquivos de la Xunta de Galicia, ponemos a disposición de toda la comunidad archivística en nuestra sección de Documentos del área de Servicios de nuestro sitio web la versión definitiva de la Norma Gallega de Descripción Archivística (NOGADA) de febrero de 2010, elaborada por el Grupo de Arquiveiros de Galicia.

Para su descarga, acudid a la sección de Documentos del área de Servicios de nuestro sitio web.

27 enero 2011

O ARQUIVO (VIVO?) DA NAÇÃO

22 de enero de 2011

Prof. José Maria Jardim
Escola da Arquivologia da UNIRIO

No Brasil, a idéia de arquivo é associada, com muita frequência, a de arquivo morto. A expressão "virou arquivo" designa as pessoas que, por alguma razão, foram silenciadas por seus assassinos. "Arquivo" e "morte" são termos associados por grande parte da sociedade brasileira, especialmente aquela que mais sofre com a falta de informações relevantes para o exercício dos seus direitos. "Arquivos" têm sido "mortos" sistematicamente ao longo da história do Brasil, especialmente no e pelo Estado brasileiro.
O reencontro com a democracia nos anos 1980, trouxe um sopro de vitalidade inédita para nossos arquivos públicos, órgãos tradicionalmente "mortos" na estrutura da nossa administração pública. Afinal, sem arquivos plenos de vitalidade, dinâmicos e facilmente acessíveis pela sociedade, como o Estado pode ser transparente? E sem transparência do Estado, qual democracia almejamos construir e ampliar?
Os arquivos públicos são territórios do Estado a serviço da sociedade, da democratização da informação governamental e do exercício do direito do cidadão à informação e à memória. Seu papel como infraestrutura para a transparência da administração pública é imprescindível para que a sociedade controle a atuação do Estado e do governo.
Os arquivos públicos não são apenas um depósito de documentos. São instituições com múltiplas facetas: cultural, científica, administrativa, etc. É agência de transparência do Estado e território de construção da memória coletiva e, ao mesmo tempo, infraestrutura para a produção de conhecimento científico.
Os arquivos públicos dos governos mais avançados em termos de transparência e interação social são infraestruturas governamentais de informação para o Estado e a sociedade. Trata-se de órgãos supraministeriais com múltiplas funções de apoio à gestão pública e à produção de conhecimento científico e tecnológico. São territórios da memória coletiva, cultura e cidadania.
Não por acaso, o primeiro Arquivo Nacional criado foi o da França, em 1790, logo após a Revolução Francesa. A ideia de organização e, sobretudo, de publicidade dos documentos do governo por um tipo de instituição até então inexistente tem suas bases na construção do novo regime. Esse é um marco da história dos arquivos e da Arquivologia. O arquivo público é neste momento instrumento da administração do Estado.
Ao longo do século XIX, a formação dos Estados Nacionais traz em seu bojo a construção de identidades nacionais para as quais é imprescindível uma "memória nacional". Os arquivos públicos passam também à condição de depositários e construtores dessa memória nacional. São, nesse momento, território da História.
A criação do Arquivo Público do Império brasileiro estava prevista na Constituição de 1824, mas a fundação só ocorreu em 1838, aliás o mesmo ano de criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
Como chama atenção a historiadora Célia Costa, autora da tese de doutorado intitulada "Memória e administração: o Arquivo Público do Império e a consolidação do Estado brasileiro", o acesso aos documentos no Arquivo Público do Império era garantido estritamente ao governo ou usuários que fossem indicados pelo imperador.
Ao contrário dos arquivos nacionais europeus, a historiadora nos lembra que o Arquivo Público do Império caracterizou-se muito mais como espaço do segredo do Estado, perspectiva procedente do período colonial, do que como um órgão envolvido nos processos de construção da história nacional.
O nome "Arquivo Nacional" só foi adotado em 1911. Ao longo da República, o Arquivo Nacional, como os demais arquivos públicos do país, sobreviveram na periferia do Estado. Eram voltados quase exclusivamente para a guarda e acesso de documentos considerados, sem parâmetros científicos, como de "valor histórico", ignorando-se a produção documental que resultava de um Estado com funções cada vez mais amplas.
Neste cenário, os documentos eram acumulados ou eliminados - quase sempre sem critérios científicos - nos serviços arquivísticos do Estado. Tal ocorreu - e ainda ocorre em vários setores do Estado brasileiro - em função da inexistência de políticas públicas arquivísticas.
A ruptura da visão de arquivo público como apenas um depósito de documentos e a adoção de um novo modelo de gestão envolvendo todo o ciclo documental, desde a produção até a eliminação ou guarda permanente, só ocorrerá, em diversos países, após a década de 50 do século passado.
No Brasil, a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991 garante o marco legal para essa concepção, incluindo também os arquivos estaduais e municipais. Além de suas atribuições em relação aos documentos federais, o Arquivo Nacional deve ainda implementar a política nacional de arquivos, a ser definida pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). Esse Conselho, subordinado ao Arquivo Nacional, é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos.
O Arquivo Nacional teve grande protagonismo nesse processo, a partir dos anos 80 e 90, influenciando arquivos estaduais e municipais. No entanto, de modo geral, nossos arquivos públicos permanecem periféricos no Estado e pouco visíveis à sociedade. Ainda se caracterizam mais como reserva de opacidade do que de transparência.
Não se altera uma cultura de opacidade do Estado em apenas três décadas. A maior parte dos nossos arquivos públicos segue socialmente pouco visível. Na Europa e Estados Unidos, a abertura crescente dos arquivos a um uso social mais amplo ganha terreno após a II Guerra Mundial.
Procura-se cada vez mais superar a ideia dos arquivos como espaços acessíveis apenas a eruditos e cientistas. Por outro lado, as crescentes demandas sociais pelo direito à informação colocam os arquivos no epicentro das políticas públicas de transparência. A democratização do acesso aos arquivos tende a ser cada vez maior e diversificada, mesmo nas sociedades cujo regime democrático já se encontra mais consolidado.
As demandas sociais pelos arquivos se ampliam e mudam com o uso crescente das tecnologias da informação e comunicação. Novas fronteiras vêm sendo conquistadas pelos arquivos, ampliando-se a sua interatividade com a sociedade mediante programas de difusão via web, incluindo, mais recentemente, o uso cada vez maior das redes sociais.
Essa perspectiva tem orientado os caminhos do Arquivo Nacional do Brasil desde a década de 80. Talvez poucas instituições públicas brasileiras tenham passado por um processo de modernização tão intenso e em tão pouco tempo, influenciando ações semelhantes nos planos estadual e municipal.
Esse "dever de casa" encontrava limites no fato do Arquivo Nacional ser subordinado, há décadas, ao Ministério da Justiça. Ao ser vinculado à Casa Civil da Presidência da República, em 2000, o Arquivo Nacional adquiriu melhores condições - especialmente políticas e orçamentárias - para avançar num novo modelo de gestão das informações governamentais. Beneficiou-se diretamente desse novo cenário o Conselho Nacional de Arquivos, subordinado ao Arquivo Nacional, responsável pela política nacional de arquivos.
Neste sentido, é um retrocesso político, gerencial e científico a transferência do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça. Essa inadequação, vale lembrar, seria a mesma em qualquer outro ministério, dada a abrangência de atuação da instituição em todo Executivo Federal.
Esse novo destino institucional provavelmente comprometerá frontalmente a dimensão nacional do Conselho Nacional de Arquivos. Setores diversos da sociedade brasileira, representantes do mundo acadêmico e de associações profissionais, vêm expressando seu descontentamento face a essa decisão.
Ainda que fosse mantido na Presidência da República, seriam muitos os desafios a serem enfrentados pelo principal arquivo público do país para atuar plenamente na gestão das informações governamentais e torná-las acessíveis à sociedade brasileira. A política nacional de arquivos ainda está por se definir. O Sistema Nacional de Arquivos não foi operacionalizado. O Arquivo Nacional encontra-se distante do que pode e deve vir a ser, embora tenha acumulado suficiente vitalidade para deixar de ser um "arquivo histórico" do século XIX e projetar-se como um centro de informações governamentais do século XXI.
Ao ser excluído da Presidência da República e inserido no Ministério da Justiça, o Arquivo Nacional protagonizará, uma vez mais, o velho e ainda insuperado drama brasileiro de periferização dos arquivos do Estado e sua inevitável invisibilidade social. O Arquivo Nacional provavelmente não morrerá porque, de alguma forma, aprendeu a sobreviver perifericamente ao longo da sua história, mas certamente será um órgão aquém de suas transformações recentes, de suas atribuições legais e da democracia que buscamos.

Artículo originalmente publicado en: Jornal da Ciência
Fuente: Blog "Archivística y Sociedad"