04 agosto 2016

10º ANIVERSARIO DE AEFP (2006-2016)

Nuevos retos, nuevos Estatutos y nuevas posibilidades de asociarse.

Junta Directiva
PASADO Y PRESENTE. NUEVOS RETOS
El pasado 6 de julio, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) cumplía 10 años de su nacimiento. Sin lugar a dudas, llegar a una década de existencia puede parecer, en términos humanos y temporales, poca cosa y simplemente estar en la línea que cruza la infancia para entrar en la adolescencia y la edad adulta. Sin embargo, tenemos que reconocer que 10 años en el panorama asociativo español son muchos y suponen haber cruzado la frontera que nos permite afirmar que una asociación se ha consolidado y puede seguir mirando al futuro con optimismo y dispuesta a afrontar nuevos retos y experiencias desde lo que ha sido nuestro leitmotiv desde el principio, tal como expusimos en nuestro Manifiesto fundacional: la defensa de los archivos públicos como elementos esenciales en un sociedad democrática, dado su carácter de garantes de derechos y obligaciones, como soportes imprescindibles de la transparencia administrativa y como fuentes testimoniales insustituibles de la memoria colectiva.
No podemos por menos destacar lo que han sido dos de los elementos cruciales de AEFP a lo largo de las cuatro Juntas Directivas que han venido rigiendo, por voluntad y voto de nuestros socios, los destinos de la asociación: nuestra independencia de los poderes públicos y la defensa de la transparencia administrativa y de una regulación clara y correcta del derecho de acceso a los documentos públicos. Podemos decir y enorgullecernos de que en materia de transparencia y derecho de acceso fuimos una de las primeras asociaciones profesionales de archiveros en implicarnos en esta materia desde múltiples frentes: participación en la Coalición Pro Acceso, colaboración activa en el grupo de expertos que asesoró en esta materia y comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante la tramitación de la actual Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o puesta en marcha de nuestras Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales.
Pero, no podemos quedarnos en la autocomplacencia porque el presente y el futuro más inmediato nos ponen frente a nuevos retos y desafíos tanto para los archivos públicos como para los profesionales que los sirven: una reforma de la legislación en materia de transparencia y acceso que logre una regulación clara sin lagunas ni sombras, la implantación –parece que definitiva— de la administración electrónica y del archivo electrónico único, una mayor valoración de los profesionales archiveros dentro del conjunto del sector público en España como elementos claves para una correcta gestión documental y una mayor transparencia, etc.
NUEVOS ESTATUTOS
Transcurridos estos diez primeros años de bagaje en el mundo asociativo, la actual Junta Directiva decidió proceder a una reforma integral de los Estatutos, que fue aprobada el pasado 22 de junio una reunión extraordinaria de nuestra Asamblea General. De esta reforma, queremos destacar, aparte de una reorganización y clarificación del articulado que regula los órganos y el funcionamiento interno de nuestra asociación, dos elementos esenciales. Por un lado, la asunción dentro de nuestro corpus normativo y de nuestra identidad como asociación de dos de los documentos más importantes a nivel internacional: el ‘Código de Ética Profesional’ del Consejo Internacional de Archivos (CIA); y la ‘Declaración Universal sobre los Archivos’, adoptada tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como por el Consejo Internacional de Archivos (CIA). Por otro lado, hemos abierto la posibilidad de que aquellas personas que, no siendo archiveros al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España, compartan los principios y objetivos declarados por AEFP puedan asociarse dentro de la nueva categoría de socios adheridos con todas las ventajas de los socios numerarios (nueva denominación de los anteriormente llamados 'socios'), pero con dos importantes diferencias: una cuota social anual correspondiente al 50% de la cuota aprobada para los socios numerarios y la imposibilidad de elegir o ser elegidos miembros de los órganos de gobierno, así como la ausencia de derecho de voto en la Asamblea General (aunque sí el derecho a ser oídos). Con esta iniciativa, AEFP pretende acercarse a todo un colectivo interesado en la defensa de los archivos públicos y que, en muchos casos, aspira a formar parte de las plantillas de archiveros de las diferentes administraciones públicas españolas: colectivo de personas que siempre han estado próximas a nuestra asociación, pero que hasta el momento no han tenido un cauce para participar internamente en ella.
NUEVAS POSIBILIDADES DE ASOCIARSE Y BONIFICACIÓN POR EL 10º ANIVERSARIO
  • SOCIOS ADHERIDOS (aquellas personas mayores de edad que, no siendo archiveros al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España, compartan los principios y objetivos declarados en nuestros Estatutos): cuota anual de 25 euros.
  • SOCIOS NUMERARIOS (archiveros hayan accedido como funcionarios o personal laboral al servicio de las diferentes administraciones públicas y de los restantes organismos del sector público en España y que compartan y asuman los principios y objetivos declarados en nuestros Estatutos): los nuevos socios numerarios que se den de alta durante este año tendrán una bonificación del 50% en la cuota anual de 2016, por lo que pagarán sólo 25 euros.
AGRADECIMIENTOS EN ESTE 10º ANIVERSARIO
Queremos expresar, finalmente, nuestro agradecimiento por la labor realizada y su trabajo abnegado en pro de los archivos públicos y sus profesionales a lo largo de esta década:
  • En primer lugar, a nuestros socios fundadores (Antonio González Quintana, Rosana de Andrés Díaz, Eduardo Gómez – Llera García – Nava, Ana Laviña Rodríguez y Ramón Romero Cabot).
  • En segundo lugar, a los socios que previamente han ostentado la Presidencia de nuestra asociación (Antonio González Quintana y Rosana de Andrés Díaz) y a los diferentes miembros que han conformado nuestras diferentes Juntas Directivas.
  • En tercer lugar, a todos los socios que han formado y forman parte de nuestra asociación: ellos son el corazón y el núcleo de la misma.
Por último, queremos animaRos a asociaros con nosotros, a conocernos más de cerca y a poder formar parte de AEFP: una asociación joven y dinámica donde tienen cabida todas las voluntades y personas que deseen luchar por unos mejores archivos públicos y por sus profesionales.



20 diciembre 2015

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE AEFP

La Asamblea General Extraordinaria de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) ha elegido a los nuevos miembros de su Junta Directiva en las elecciones celebradas el pasado 15 de diciembre de 2015.

Junta Directiva
En el proceso electoral celebrado el pasado martes, 15 de diciembre de 2015, han resultado elegidos los siguientes socios como miembros titulares del órgano directivo de nuestra Asociación:
-D. Javier Díez Llamazares, PRESIDENTE.
-Dª Rebeca Sánchez Romero, VICEPRESIDENTA - TESORERA.
-Dª Elisa Avilés Betegón, SECRETARIA.
-Dª Rosana de Andrés Díaz, VOCAL.
-D. Juan Fernando Pérez Santana, VOCAL.

La nueva Junta Directiva (de izquierda a derecha: Rosana de Andrés, Juan Fernando Pérez, Javier Díez, Elisa Avilés y Rebeca Sánchez)

Desde la nueva Junta Directiva, queremos agradecer a los anteriores miembros de la misma su dedicación y trabajo en beneficio de nuestra Asociación y de la profesión a lo largo de los 3 últimos años.

Nuestros compañeros de la Junta Directiva saliente (de izquierda a derecha: Mª Teresa Piris, Teresa Flores, Beatriz Contreras, Rosana de Andrés y Alejandra Gil).

11 agosto 2014

LA VÍA PENAL NO ES EL CAMINO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ACCESO EN LOS ARCHIVOS

Junta Directiva
El pasado 6 de junio se publicaba en la prensa local salmantina, y en algún otro medio de alcance regional, la noticia de la imputación del Director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Manuel Melgar Camarzana, por el titular del Juzgado de Primera Instancia  nº 3 de la ciudad del Tormes. La imputación era consecuencia de la querella interpuesta contra Manuel por un investigador habitual del mencionado centro, conocido por sus reiteradas intervenciones denunciando las actuaciones llevadas a cabo por el  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el proceso de restitución de los documentos incautados en Cataluña durante y tras la Guerra Civil Española, al entender que con ellas se estaba vulnerando la propia ley de restitución. El delito denunciado es el de obstrucción en el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 542 del Código Penal), al no permitírsele al denunciante la consulta, en formato original, de cierto número de cajas afectadas por el proceso citado de restitución, al contener documentos cuyo traslado a Barcelona se realizaría próximamente.

Independientemente del juicio que nos merezca el asunto de los documentos incautados en la Guerra Civil y en concreto la regulación de la restitución de los incautados en Cataluña, hay algo que nos gustaría señalar como novedad muy a tener en cuenta en este caso: por primera vez, al menos que le conste a Archiveros Españoles en la Función Pública, una denegación de acceso a los documentos originales (se ofrecía la consulta en formato de copia digital, previa identificación de los documentos que se deseaban ver) se afronta por la vía penal, lo que supone un preocupante precedente para los profesionales que debemos atender las peticiones de acceso en primera línea.

Se dice que la imputación en una querella no es más que la vía para que el denunciado se pueda defender con todas las garantías. Pero, en este caso, dada la enorme carga política del tema de la restitución de documentos del archivo salmantino, el archivero, al ser el eslabón más débil del Ministerio en la ejecución de la política archivística del Gobierno, se convierte en el objetivo sobre el que centrar los ataques a esa política.  A este respecto, hemos de enfatizar que, con frecuencia, los archiveros nos sentimos como emparedados entre la presión política de las autoridades de las que dependemos y la presión de los usuarios y los medios de comunicación a quienes servimos y, en ese contexto, aunque tratamos siempre de mantener una posición profesional independiente, dependemos de superiores jerárquicos que también interpretan la legislación e imponen sus criterios en caso de discrepancia.

Por otra parte, en esta querella podría verse una especie de aviso para navegantes: ¡ojo, archiveros!, que si no me dejáis ver lo que yo quiero, se pueda o no legalmente, os denuncio por prevaricación y obstrucción. Y vista la facilidad con que se acepta la querella y se imputa al archivero, y sabiendo que en este momento, en España, imputado significa en el ámbito popular “corrupto”, a ninguno de nosotros nos gustaría aparecer en las páginas de un periódico como funcionario imputado por impedir el ejercicio de los derechos constitucionales.

La inexistencia de una vía ágil y rápida para reclamar ante denegaciones injustificadas de acceso a la información, ha sido una de las lagunas históricas en la regulación del derecho de acceso a la información y los documentos en España desde que se plasmara en la Constitución de 1978 el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. Parece que, por fin, la Ley de Transparencia aprobada a finales del año 2013, cuyo título primero entrará en vigor en el ámbito de la Administración General del Estado a finales de 2014, así como las leyes autonómicas que van siguiéndola, ofrecen esa vía de reclamación ante un organismo específicamente creado para ese fin y que, en el caso del Estado, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta vía de reclamación administrativa especial evitará que las denegaciones de acceso, comunicadas formalmente o presuntas, por silencio administrativo, tengan que llevarse a un contencioso - administrativo, que puede demorarse varios años y éste es, sin duda, uno de los principales avances que ofrece la ley en cuestión.

Sin esperar esos meses que faltan para la entrada en vigor del título de la ley en el que se incluye la regulación del acceso a la información pública, el demandante en esta querella que comentamos bien podía haber presentado recurso de alzada ante la autoridad ministerial de la que depende el Centro Documental de la Memoria Histórica, pero ha preferido la vía penal, quizá por su rapidez, aun sabiendo que en ella el juez no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, sobre la accesibilidad a los documentos denegados, que sólo se puede sustanciar en el marco del derecho administrativo.

El tema de los documentos de la Generalitat de Cataluña incautados durante la Guerra Civil por el ejército de Franco parece no tener fin. La sentencia del Tribunal Constitucional no ha hecho sino complicar las cosas aún más: el alto Tribunal dice que los documentos no reclamados o no devueltos a los particulares a quienes fueron incautados no dejan de pertenecer al Estado, pero no dice “y, por tanto, devuélvanse al Archivo General de la Guerra Civil”, como parecería lo apropiado en una sentencia que, como su nombre indica, zanja un pleito con una decisión. No, aquí una vez más, nos vemos obligados a interpretar, si bien se podría concluir que será la Administración General del Estado, si quiere recuperar esos documentos, quien deberá iniciar acciones legales con ese fin; a ver quién se atreve, en la coyuntura política actual, a plantear siquiera la posibilidad de tal demanda.

Esta inseguridad para un archivo, institución en la que la estabilidad y la vocación de perdurabilidad son características esenciales para fortalecer su papel, mina la credibilidad y el prestigio del centro y socava la confianza en él. En todo el embrollo suscitado con los mal llamados “papeles de Salamanca”, los únicos que han recibido los golpes de ambos lados han sido los archiveros.

Sabiendo pues que el contencioso de los documentos incautados en la Guerra Civil va para largo, nos queda al menos confiar en que la querella no prospere y que los contenciosos sobre accesibilidad se canalicen, ahora mejor con las leyes de transparencia, por la vía administrativa y, en su caso, en las salas de lo contencioso - administrativo.

26 febrero 2014

"IN MEMORIAM": SEMBLANZA DE JAVIER ÁLVAREZ PINEDO

En memoria de nuestro compañero JAVIER ÁLVAREZ PINEDO, que nos dejó el pasado sábado 22 de febrero de 2014 y al que con cariño recordaremos siempre.
 
Junta Directiva
Nació en Valladolid el 3 de mayo de 1944. Acabados los estudios primarios y de Bachillerato, se trasladó a Salamanca en cuya Universidad alcanzó la Licenciatura en Literatura Hispánica. Ejerció sus primeros años como profesor de instituto en la zona minera de Laviana (Asturias). Buscando espacios más tranquilos, aprobó las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo destinado al Archivo Histórico Provincial de Logroño. En 1986, y después de superar las pruebas al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos), entró a formar parte de la plantilla del Archivo General de Simancas, del que fue Subdirector desde 1999 hasta su jubilación en mayo de 2009.

Persona bondadosa y conciliadora, de sutil y fina ironía, colaboró muy activamente en todos los proyectos de descripción y difusión del Archivo General de Simancas. Participó en numerosos congresos y cursos, destacando los Cursos de Archivística, organizados por la Fundación “Sánchez de Albornoz”, en Ávila, y los cursos del Instituto Universitario de Historia “Simancas”, del que fue miembro desde su creación. Activo colaborador en todas las exposiciones del Archivo, fue comisario y organizador de la dedicada a la expulsión de los moriscos, que dejó ultimada en el mismo año de jubilarse. Su saber y experiencia archivísticas quedaron reflejados en varios trabajos (Las “Alteraciones de Aragón” en el Archivo de Simancas, entre otros), y en especial en la obra “Simancas. Los Archivos Españoles”, de la que fue coautor.

Casado y con dos hijos, se encontraba disfrutando de su nietecillo al que le estaba transmitiendo su bondad, su alegría de vivir, su afición por la buena literatura (“El principito” era su favorito) y su pasión por la música.

Agradecemos a Julia Teresa Rodríguez de Diego, archivera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, la redacción de su semblanza.

14 noviembre 2013

AEFP COLABORA CON EL INAP EN LA CELEBRARACIÓN DE LA JORNADA SOBRE "LOS ARCHIVOS PÚBLICOS ANTE LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (9 - 10 DE DICIEMBRE DE 2013, MADRID)

Bajo el título "Los archivos públicos ante la implantación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) colabora con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en la celebración de esta Jornada que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de diciembre de 2013.

Junta Directiva
Con la celebración de esta Jornada, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en colaboración con Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), pretende, además de continuar con su política de difusión entre los profesionales de las Administraciones Públicas de la futura Ley de Transparencia, analizar más detalladamente sus repercusiones en el sistema de los archivos públicos.

La Jornada tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de diciembre en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en Madrid en horario de mañana y tarde. Los objetivos de esta Jornada son:
 
  • Analizar el Proyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el papel de los archivos públicos en su implementación.
  • Describir las necesarias modificaciones normativas en materia de archivos.
  • Exponer los procedimientos a seguir en materia de gestión documental y la administración electrónica.
  • Promover el debate público sobre la función de los archivos en la transparencia.
  Otros datos de interés que se pueden destacar:
  • Destinatarios:  funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas de los subgrupos A1 y A2 y personal laboral fijo asimilado.
  • Lugar de realización: sede del INAP de la C/Atocha, 106 (Madrid).
  • Duración: 10 horas.
  • Plazo de inscripción: hasta el 2 de diciembre.

Para más información sobre la misma, así como para la realización de la inscripción, podéis consultar el programa de las mismas o acudir al sitio web del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

20 septiembre 2013

CELEBRACIÓN DE LAS IV JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES Y ACCESO LIBRE A LAS PONENCIAS DE LAS III JORNADAS SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

Bajo el título "Desafíos a la implantación de la Ley de Transparencia", Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) organiza la cuarta edición de estas jornadas técnicas, en colaboración con la Society of Finnish Archivists y con el patrocinio de la Universidad de Alcalá de Henares y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que tendrá lugar el próximo día 3 de octubre de 2013.

Junta Directiva
Ante la próxima aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno por parte de las Cortes Generales, queremos reflexionar en estas IV Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales sobre el proyecto de ley español y sus implicaciones para el colectivo de los archiveros de la función pública y, sobre todo, debatir con archiveros procedentes de uno de los países con mayor índice de transparencia, Finlandia, sobre el impacto de la misma en los archivos públicos y los desafíos que han supuesto y suponen en el día a día.

Asimismo, desde el día de hoy, abrimos a toda la comunidad profesional las ponencias y materiales de las III Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales celebradas en 2012 para que puedan ser consultados gratuitamente.


Para más información, acudid a nuestro sitio web, donde encontraréis el tríptico de estas jornadas, así como el resto de información relativa a los plazos y proceso de inscripción en las mismas.

08 julio 2013

ALGUNAS PROPUESTAS DE AEFP LLEGAN A LA PONENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Junta Directiva
Madrid, 8 de julio de 2013. AEFP ha conseguido que se introduzcan algunas de sus propuestas en las enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que estudia la Ponencia del Congreso (Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 19 – 3, de 2 de julio de 2013):
  • Modificación de la Disposición Adicional Primera (Enmienda nº 534 del Grupo Parlamentario Popular y nº 498 del Grupo Socialista).
  • Un representante del sector de los archivos en el organismo que vele por la transparencia (Enmienda nº 478 del Grupo Socialista).
Recordemos que, anteriormente, el texto de la Disposición adicional Primera era el siguiente:
“Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. (…)
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión.”
Pues bien, AEFP, tanto en el grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como en la comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, propuso eliminar la referencia a los archivos de oficina o gestión, que restringía el objeto de aplicación de la Ley a los documentos en ellos contenidos, relegando a los demás archivos públicos (centrales, intermedios, históricos) a su regulación específica. Esto suponía un ataque frontal al derecho de acceso a la información pública. Propusimos modificarla, sobre todo en lo que se refiere al acceso a los archivos históricos, para no perpetuar el error cometido en el art. 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que remitía el acceso a los archivos históricos a su regulación específica, cuando éstos no están definidos en ninguna norma concreta, sino que, al contrario, según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el patrimonio documental lo integran todos los documentos públicos desde su creación.
Considerábamos que hacer depender el alcance del derecho de los ciudadanos según en qué tipo de archivo obre la información a la que van a intentar acceder, parecía un sinsentido.
Nuestra propuesta ha calado. En una primera lectura de las enmiendas publicadas podemos ver que:
1) El Grupo Parlamentario Popular ha presentado la ENMIENDA 534 con la modificación de la Disposición Adicional Primera, en estos términos:
“3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización”.
Y con la siguiente
“JUSTIFICACIÓN: Se unifica el acceso a la información sin diferenciar entre el tipo de archivo en el que se encuentre, garantizando así la igualdad en el acceso independientemente de la ubicación de la información.”
2) El Grupo Parlamentario Socialista ha procedido de igual manera y en la ENMIENDA 498, propone la supresión en la misma disposición del inciso referido a los archivos de oficina o gestión, con la siguiente motivación:
“La Ley no debe remitir a la regulación específica de los archivos históricos, ya que la Ley de Patrimonio Histórico Español considera que el patrimonio documental lo integran todos los documentos públicos desde el mismo momento en que se generan. Por tanto, a estos efectos, no se deben distinguir los archivos históricos de los de oficinas y gestión”.
3) El Grupo Parlamentario Socialista, en su ENMIENDA 478, propone la presencia en el Consejo Consultivo de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de un experto del sector de archivos designado por las organizaciones profesionales del sector.
AEFP propuso la adición de una Disposición adicional en la que se incorporara a los miembros del Consejo Consultivo: “Un archivero que desempeñe su trabajo en la función pública”.
Continuaremos informando de los progresos en el debate del Proyecto de Ley.